El Reino Unido quiere reformar el sistema financiero para controlar los riesgos de los Bancos

La autoridad reguladora británica presentó un plan por el cual se reformaría todo el sistema financiero de ese país, basado en un incremento de los recursos propios de los Bancos, además de propiciarse la creación de un ente regulador europeo.

Esta crisis económica que parece que se instaló por un largo tiempo entre la mayoría de los países de la Eurozona y de América y Asia, hace que los Gobiernos y las instituciones financieras profundicen las medidas para poner límites y pautas al comportamiento de los mercados y el sistema financiero en general.

Estas medidas cobran una importancia inesperada luego, por ejemplo, de conocerse hace muy pocos días que los principales ejecutivos de la aseguradora norteamericana AIG, que fuera rescatada recientemente de la quiebra por el Gobierno de Barack Obama, se habían fijado el cobro de primas millonarias.

Esta noticia causó por supuesto un malestar muy grande en el mundo financiero, y ahora la FSA, que es la autoridad de servicios financieros que regula el sector en el Reino Unido solicitó al Gobierno mayores poderes para controlar las excesivas sumas de dinero que cobran los banqueros, y además los riesgos demasiado altos que corren los Bancos cada vez con más frecuencia.

Los especialistas en el tema creen que las reformas deben ser profundas, con lo cual se atreven a vaticinar que el sistema bancario dejará de funcionar como en los últimos diez o doce años, y entonces la economía mundial volverá a estar mejor que en la actualidad, cosa no demasiado difícil dadas las actuales circunstancias.

Todas estas propuestas figuran en un plan que en octubre pasado le encargó el Primer Ministro británico Gordon Brown a Lord Turner, el presidente de la FSA.

Este plan intenta modificar el sistema financiero británico para lograr que no se repitan crisis financieras como la actual, que está logrando enloquecer a los economistas de todo el mundo.

Lord Turner se mostró además partidario de limitar la concesión de créditos en forma indiscriminada en tiempos de bonanza, y propuso que las autoridades económicas del Gobierno tengan más acceso a la información bancaria, para poder regular así el otorgamiento de créditos de alto riesgo, que suelen terminar en pérdidad para los Bancos, y por efecto cascada en pérdidas para las arcas del Gobierno.

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