El Gobierno de Rodríguez Zapatero insiste en que no pretende realizar una reforma laboral

Por intermedio del Ministro de Trabajo e inmigración Celestino Corbacho, el Gobierno de España aseguró a la prensa y por su intermedio a la opinión pública que no piensa plantear una reforma al mercado laboral en territorio español. Reiteró que cualquier modificación que se pretenda hacer en ese ámbito debe ser indefectiblemente consensuada con todos los agentes sociales intervinientes.

Estas declaraciones del ministro de trabajo debieron ser realizadas para salir al cruce de las afirmaciones hechas por las autoridades del Banco de España, que en su último boletín económico insistió en la necesidad imperiosa de una reforma laboral para poder de esta forma aspirar a una recuperación “sólida y duradera” de la crisis económica por la que atraviesa España y buena parte del mundo.

Corbacho se reunió con distintas asociaciones de autónomos a fin de explicarles los planes del poder ejecutivo para esa rama de trabajadores, y luego de esa reunión fue que manifestó que el Gobierno español no prevé ninguna reforma al sistema laboral en los términos que plantea el Banco de España.

En el mismo boletín económico al que hacíamos referencia, el organismo regulador critica sin miramientos lo que considera una excesiva rigidez del sistema laboral vigente de negociación colectiva, ya que cree que con ese sistema se aumenta el número de parados en el mercado laboral y se incrementa también la segmentación del mismo, lo cual resulta muy perjudicial en las actuales condiciones derivadas de la crisis.

Corbacho dijo no estar de acuerdo ya que hay puntos en común para tratar esos aspectos, al haber un compromiso de los sindicatos relacionado con la flexibilización interna de las empresas y las tratativas por los convenios colectivos.

Finalmente, y frente a lo opinado por el Banco de España en relación a que los salarios tienen una “escasa sensibilidad” frente a los vaivenes que en estas épocas más que nunca presenta la economía, Corbacho sólo manifestó que el Gobierno tiene muy claro que no debe intervenir en una materia que es de incumbencia exclusiva de los sindicatos y la patronal.

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