La República Argentina intenta acercarse al FMI sin ánimos de hacer pedidos

Hace cuatro años, la República Argentina le informó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que a partir de ese momento rechazaría las auditorías del organismo monetario internacional.

Ahora el ministro de economía del gobierno de Cristina Fernández, Amado Boudou, hizo pública la intención del gobierno de su país de volver a permitir esas auditorías, siempre y cuando no sean del mismo tipo que las del pasado.

La prensa argentina, en base a fuentes gubernamentales y del mismo FMI, aseguró que ya está “casi acordado” el mecanismo por el cual el Fondo va a monitorear la marcha de la economía argentina, al tiempo que el ministro Boudou sólo se limitó a afirmar que lo que está discutiendo en estos días es una nueva relación con el FMI, y no otra cosa.

“La República Argentina no está buscando fondos del FMI ni aún en el marco de esta crisis económica global, ya que no los necesita, por lo cual no tenemos urgencias ni limitaciones de carácter temporal para tratar con el Fondo y avanzar en negociaciones que no le convengan a mi país”, declaró enfáticamente el titular de la certera económica.

“De cualquier manera es intención de la Señora Presidenta de la Nación acercar posiciones con el Fondo, para lo cual me ha instruido en una serie de propuestas de carácter comercial para que se las haga llegar a las autoridades del ente internacional”.

Parte de estas declaraciones las efectuó Boudou en la cumbre de ministros de economía del G-20 que se llevó a cabo en Londres a principios de este mes de setiembre.

El resto de los trascendidos los hizo públicos el principal diario de circulación en la Argentina y uno de los de mayor tirada en el mundo de habla hispana, el matutino “Clarín”, propiedad de la familia Noble, hoy en día en una relación bastante tirante con la presidenta y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Uno de los principales problemas para el eventual acercamiento radica en que el gobierno de Buenos Aires acusa al FMI de haber impuesto en los últimos años “recetas recesivas” al conjunto de países en desarrollo.

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