En El Salvador Funes promueve una reforma tributaria que es rápidamente aceptada por el Parlamento

En la última sesión del año 2.009, el Parlamento de El Salvador aprobó sin demasiadas trabas la reforma tributaria que presentó y promovió el presidente Mauricio Funes para seguir su lucha contra la crisis global.

Esta reforma espera subir la recaudación en alrededor de 250 millones de dólares que se usarán para combatir la evasión y el contrabando.

La diputada oficialista Lorena Peña declaró a la prensa que estas reformas permitirán cerrar muchas puertas para la evasión y va a garantizar que todos los ciudadanos, de cualquier posición social y desempeño en la sociedad salvadoreña, paguen debidamente sus impuestos sin evadir ninguna de sus obligaciones tributarias.

Peña es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y confirmó que el paquete de medidas recibió el apoyo de la mayoría de los diputados, aunque reconoció que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se retiró del recinto por estar en desacuerdo con muchos puntos del proyecto.

Se aprobaron modificaciones al Código Tributario, la Ley de impuesto a los bienes, la Ley de impuesto a los productos del tabaco, la Ley sobre la renta y otras vertientes muy importantes en el panorama fiscal de El Salvador.

La reforma fue calificada por la oposición como un “vergonzante paquetazo” y algunos sectores empresariales también manifestaron su disconformidad, como por ejemplo la industria de los cigarrillos, ya que las nuevas medidas elevan el gravamen a todo tipo de cigarros a 45 centavos de dólar por paquete, lo que se cree que redundará en una disminución del consumo de tabaco por parte de la población.

También preocupa a los industriales la fuerte subida de los impuestos a los jugos, néctares y refrescos, que son productos de muy alto consumo en un país tropical como El Salvador.

Desde ahora en más, las personas físicas con ingresos anuales superiores a los 76.020 dólares deberán obligatoriamente presentar una declaración patrimonial por la cual se les fijará el impuesto a los bienes que deberán pagar, mientras que las transacciones inmobiliarias superiores a los 200.000 dólares tributarán un 10% de la operación en concepto de estampillado fiscal.

Todas estas medidas tomadas en un país donde la política tributaria estaba muy desorganizada y la evasión se encontraba a la orden del día, provocaron un cimbronazo en la sociedad con consecuencias que todavía son una incógnita, ya que nadie está demasiado seguro que las nuevas medidas vayan a cumplirse tal como lo estipula la nueva Ley.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies