El gobierno español cree que la economía sumergida puede llegar al 20% del PIB

El ministro de Trabajo de España, Celestino Corbacho, afirmó hace unos días que los cálculos de la economía sumergida española la ubican entre el 16% y el 20% del PIB, reconociendo además que estas actividades irregulares suben y mucho en tiempos de crisis como los actuales.

Es por esta razón y debido principalmente a los efectos de la crisis económica internacional que al presentar los resultados del año anterior en materia de lucha contra el fraude laboral, hayan subido un 30% las actuaciones contra la economía irregular durante ese período.

Para Corbacho, la amenaza constante de paro acentuó sin ninguna duda el incremento de la economía irregular, porque según sus propias palabras “al trabajador por su necesidad no le importan tanto como debiera las condiciones en las que se ofrece el trabajo”.

Pero aclaró enseguida que la intención del gobierno no es perseguir sobre todo al inmigrante, sino al que le ofrece empleo en esas condiciones.

Concretamente, las actuaciones del ministerio de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida representan un 40% de todo el proceso de inspección laboral, el que se completa con inspecciones en el ámbito de la prevención de riesgos o en expedientes de regulación de empleo, en los que reconoce Corbacho que las denuncias subieron “bastante”.

Aunque la Unión Europea obligará a calcular todos esos ítems en el 2.011, los números que maneja el gobierno están por debajo de los cálculos de otros organismos autónomos, que ubican la economía en negro por encima del 20% del PIB, lo que supone más de 200.000 millones de euros.

Fuentes extraoficiales indican que en toda Europa el promedio de trabajo no declarado rondaría el 15%.

De hecho, si España logra bajar a niveles de la media europea esto supondría la creación de al menos 2,5 millones de nuevos empleos de acuerdo a datos de la pequeña y mediana empresa de Catalunya.

Con el ya sabido afán de la administración de Rodríguez Zapatero por recaudar, las infracciones en cuanto a Seguridad Social ingresaron a las arcas del gobierno 961 millones de euros.

Entre las infracciones que más se constataron figuran la falta de permiso de trabajo y el número de trabajadores que seguían cobrando simultáneamente la prestación por desempleo.

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