En el referéndum islandés por la devolución de depósitos arrasó el “no”

De acuerdo con lo que se esperaba por las numerosas encuestas realizadas, los habitantes de Islandia rechazaron el último sábado de una manera categórica en un referéndum a nivel nacional la promulgación de una polémica Ley para que se hiciera efectiva la devolución de los depósitos a ahorristas de Holanda y el Reino Unido que se produjeron por la quiebra el Banco Icesave, una filial del Landsbanki.

Esta quiebra afectó a alrededor de 300. 000 ahorristas de esos países, que reclamaban que se les reintegrara el dinero depositado.
Pero cuando el escrutinio no había llegado todavía al 50%, más del 93% de los votos no aprobaba esa Ley, mientras sólo el 1,6% estaba a favor de la devolución.

La primera ministra islandesa Jóhanna Sigurdardóttir había asegurado casi en la medianoche del sábado que el resultado de la consulta no fue extraño, al tiempo que el ministro de finanzas islandés, Steingrímur J. Sigfússon, quien no votó en el referéndum, aseguró que ahora se iniciaba el tiempo de pensar un “acuerdo mejor” para los islandeses en este tema de la devolución de la millonaria deuda.

Aproximadamente 230.000 habitantes islandeses fueron llamados a las urnas para revalidar la validez de la polémica Ley.

En estos momentos en que la crisis económica global parece estar cediendo muy lentamente, se cree que está en juego la recuperación del país y al mismo tiempo la credibilidad de un Poder Ejecutivo que tiene pendientes la disposición de un paquete de medidas del FMI para poder sanear la maltrecha economía resultante de la crisis.

Todos los analistas políticos aseguraban que el “no” triunfaría cómodamente en este pequeño país nórdico, pero pocos se atrevieron a pronosticar tan abrumador resultado.

Esta polémica Ley de la devolución de depósitos a ahorristas extranjeros fue aprobada, como recordamos, a fines del 2.009 por el Parlamento, pero luego vetada en enero de este año por el presidente islandés Ólafur Ragnar Grímsson.

Esta decisión de no sancionar la norma fue un duro golpe para el Ejecutivo de Jóhanna Sigurdardóttir, que desde que accedió al poder recibió duras críticas por su gestión ante la crisis, durante la cual el PIB islandés cerró el 2.009 con una caída del 7%, la mayor de las últimas décadas.

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