Otra vez los fabricantes de coches en España en pie de guerra

Francisco Javier García Sanz, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) tuvo hace muy poco duras declaraciones contra los partidos políticos que a través de una enmienda introdujeron en la Ley de Economía Sostenible una cláusula que especifica la obligación de que las terminales se hagan cargo de los vehículos que los concesionarios no hayan podido vender después de un cierto tiempo.

Advirtió García Sanz que esta nueva norma puesta en vigencia pone en serio riesgo todas las inversiones que se planeaba llevar a cabo en las plantas españolas. Tanto las ya comprometidas como las que eventualmente pudiesen decidirse en un futuro.

En declaraciones a los medios periodísticos en las que no ahorró descalificativos para la nueva norma, García Sanz aseguró que los artífices de la misma, PP y CiU, son dos partidos que los “han traicionado”, sin tener en cuenta el inmenso daño que seguramente provocarán en la principal industria del país en los actuales momentos de crisis que se están viviendo.

Es así que los directivos de Anfac han pedido una reunión urgente con el presidente de los populares, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

García Sanz sostiene que lo actuado se trata de “una intromisión política inaceptable. La industria ha perdido por completo la confianza en la oposición, que se está equivocando mucho y debe rectificarse con urgencia”.

El presidente de Anfac no ha perdido oportunidad en sus declaraciones para dejar en claro que la patronal del sector automotriz está más que indignada por la iniciativa, alertando a su vez que ésta pone en riesgo los puestos de trabajo que afectan a miles de familias españolas.

Esta situación por cierto inesperada obliga a la patronal a reconsiderar con premura algunas acciones que ya habían sido aprobadas en cuanto a planes de inversión. Entre ellas se encuentra la participación en el Salón del Automóvil de Barcelona, que había sido confirmada pocas semanas atrás.

Considera García Sanz injustificada e inoportuna esta medida que cambia radicalmente la relación entre los fabricantes de vehículos en España y los vendedores de los mismos.

El punto que más conflictos presenta es aquél que establece la obligación por parte de los productores de recomprar a los concesionarios un determinado número de vehículos en el caso de que transcurridos dos meses éstos no hayan podido ser comercializados.

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