Los ajustes adicionales en España por el Pacto del Euro

Como consecuencia de la aprobación el fin de semana pasado de los principios del Pacto del Euro por parte de los líderes de los 17 países de la Eurozona, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero admitió ya entrada la madrugada del sábado que “seguramente habrá en España más ajustes y reformas para poder cumplir con los objetivos del Pacto”.

Ya Zapatero se había mostrado antes de la Cumbre partidario de combinar íntimamente salarios y productividad tal como viene reclamando desde hace tiempo la canciller alemana Ángela Merkel.

Después de la reunión, el presidente del gobierno trató de explicar que, en parte, ya la productividad se tiene en cuenta al momento de la negociación colectiva, mostrándose confiado de que empresarios y sindicatos españoles puedan llegar a un “acuerdo equilibrado”, para el que tienen tiempo hasta el 19 de marzo próximo, es decir dentro de muy pocos días.

El acuerdo definitivo de lo establecido por la Eurozona deberá aprobarse en el Consejo Europeo el 24 y 25 de este mes, amén de estar pendiente de otros consensos tendientes a reforzar el Gobierno económico de la Unión Europea.

A los disímiles resultados que lograron Grecia e Irlanda en la reunión de hace apenas unos días, Merkel declaró lacónicamente que “Debe haber un quid pro quo”.

Es esta la tercera vez que los jefes de gobierno de la zona euro se ven obligados a mantener un Consejo extraordinario ante la gravedad de los hechos.

Las rebajas en la calificación de la deuda que las agencias internacionales de calificación hicieron a Grecia, Portugal, Irlanda y España subieron mucho las presiones sobre esos países.

Recordemos que los dos Consejos anteriores se llevaron a cabo en octubre del 2.008 después de la caída del Lehman Brothers y el 7 de mayo del año pasado para tratar de evitar que la crisis griega arrastrara a otros países como Portugal, España e incluso Italia.

España, al igual que el resto de los países de la región, deberá asegurar la sostenibilidad de sus cuentas públicas, adoptando cambios legales en todos los niveles de gobierno.

De acuerdo a lo que señala el texto de la resolución alcanzada, «La formulación exacta de la norma será decidida por cada país pero debería garantizar la disciplina fiscal tanto a nivel nacional como subnacional, o sea los niveles regionales y comunales”.

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