Varios partidos políticos se suman a la querella contra las agencias internacionales de calificación

Izquierda Unida (IU), ICV y ERC van a pedir la presencia en el Congreso español del gobernador del Banco de España, por el tema de la querella criminal contra las agencias de calificación a la que se han sumado por “alterar el precio de los mercados” en su propio beneficio y el de sus clientes.

Para los tres partidos, el organismo emisor debería explicar por qué el control de estas agencias (Moody’s, S&P y Fitch) en España se limita a tan sólo una circular interna de tres páginas, atendiendo la importancia y los eventuales daños que dichas agencias pueden causar a la economía del país.

En una rueda de prensa conjunta de las tres formaciones políticas que se unieron, el abogado y miembro de la dirección de IU Enrique Santiago consideró que la querella fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional, ya que a pesar de no haber sido informado por el Juez que entiende la causa, se han abierto diligencias previas pidiendo la traducción de los tres documentos objetos de las demandas en los Estados Unidos, y a instancias de fiscales de ese país.

Las diferencias entre las demandas, según Santiago, es que en los Estados Unidos y no en España las querellas fueron presentadas por la fiscalía y es ésta quien lleva “la voz cantante”.

Por su parte las agencias dejaron en claro que sus notas son simplemente “opiniones”, pero igualmente se considera que éstas pueden formar parte de un delito si tienen una determinada finalidad para provocar cambios en beneficio propio en el precio de las cosas.

Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, la que se ha emprendido es una lucha “de David contra Goliat”, pero igualmente se mostró confiado en que ésta pueda llegar a buen puerto porque “tiene buenas bases”.

Por su parte, la portavoz de ICV en el Congreso, Nuria Buenaventura, denunció el papel del Estado español en este tema, considerando que es él quien tiene que actuar como querellante, no las fuerzas minoritarias, porque estas empresas, como calificó a las calificadoras de riesgo, están marcando el rumbo de la política económica a nivel general, y los consecuentes recortes sociales.

Es por esta razón que tiene previsto pedir también la comparecencia en el Parlamento del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

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