En diez años la Caja Mediterráneo casi duplicó su gasto general

Es poco probable que cuando una institución se encuentra pasando por un riesgo muy grande como el que atravesó y atraviesa la Caja Mediterráneo (CAM) las causas sean de un solo origen.

Sus males no empiezan sólo en las malas inversiones inmobiliarias o la pérdida de valor de sus activos vinculados al sector de la construcción. Vienen de mucho antes.

Ya la gestión del negocio bancario abre bastantes interrogantes. Por lo pronto, la política de expansión del director general de la CAM entre los años 2.001 y 2.010, Roberto López Abad, juntamente con la apertura de nuevas oficinas sin tener otro parámetro que la expansión en volumen de la entidad generaron una subida en los gastos de administración que pasaron de 330 millones de euros en 2.001 a 624 millones de la misma moneda en el transcurso del año pasado, es decir un 90% de incremento en diez años.

Pero el margen de intermediación bancaria, o sea la diferencia entre los intereses que se cobran a los clientes y los que se producen como cargas asimiladas se mantuvieron casi estables entre el año pasado y cuando López Abad asumió su cargo.

En 2.001 la Caja de Alicante obtuvo 575 millones de beneficios por este concepto y una década después esos beneficios fueron de 586 millones.

Este desigual crecimiento se debe a que el año anterior los gastos de administración superaron en 38 millones de euros a los beneficios que produjo el negocio bancario.
Entre 2.003 y 2.008 la CAM se expandió de forma tal que llegó a superar las 1.000 oficinas y tener presencia en 17 comunidades y dos ciudades autónomas de España, además de tener nueve oficinas en el extranjero.

Algunas de esas oficinas en el exterior, como es el caso de Varsovia o Cancún se podían justificar con las inversiones inmobiliarias de la propia Caja en esos lugares, pero otras como la oficina de Ginebra en Suiza realmente generan muchas dudas en cuanto a su utilidad para el negocio de la CAM.

Ya en el 2.009 se cerraron 116 sucursales, y esta caída en el número de oficinas continuó sin que por ello se haya podido detener el crecimiento de los gastos de administración.

Poco antes de ser intervenida en el mes de julio se había aprobado un plan para cerrar otras 122 oficinas llegando a las 841, es decir más de 200 oficinas menos que en el año 2.008.

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