Buscan bajar las cotizaciones a empresas que contraten a quienes reciban prestación por paro

La idea es fomentar el contrato entre los parados. Por ello, el ministro de trabajo Valeriano Gómez se planteó usar una parte de los 30.000 millones de euros que este año se van a usar para proteger a los parados para rebajar cotizaciones a aquellos empresarios que contraten a perceptores del desempleo.

El titular de la cartera de trabajo hizo este planteo en el marco de una jornada sobre nuevos enfoques sobre Recursos Humanos y Reestructuraciones. No especificó el ministro cuál será la cantidad de euros que se destinarán a ese fin.

Posteriormente a la jornada, y en declaraciones a la prensa, Gómez explicó que en España, un país que gasta tanto en protección a los desempleados y tan poco en políticas activas de empleo que podrían suplantar a las prestaciones por desempleo, el gobierno tiene la obligación de intentar hacer útil ese gasto sin que por ello disminuyan los derechos de los trabajadores.

Entonces debe ser posible encontrar un trabajo más rápidamente también para los que están recibiendo los beneficios por paro. De cualquier forma esto no significa que deban tener ventajas ante aquellos que nunca han cotizado, como los jóvenes que todavía no hallaron su primer empleo o frente aquellos que ya hayan agotado su prestación. La idea es establecer una buena política de estímulos de contratación en todos los estamentos de la sociedad española.

A diferencia de otras crisis, el ministro no cree que haya que bajar la prestación por desempleo, que cubre al 80% de los parados españoles.

Esta medida no se incorporó en la reforma laboral de junio del año pasado sino que fue incorporada con matices varios en el marco del diálogo social que después desapareció ante la mencionada reforma del mercado laboral.

Gómez dijo creer que destinar parte de esa protección para activar la contratación por parte de las empresas es uno de los mayores retos de España de cara al futuro. La idea es arribar a un gran acuerdo con los partidos políticos y con las distintas comunidades autónomas.

Esta medida está dentro de las pendientes que aún quedan por delante para mejorar las políticas activas de empleo. Éstas fueron calificadas por el ministro como “el gran déficit pendiente” cuando el resto de las grandes reformas ya se llevaron a cabo o están en vías de ponerse en práctica.

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