Multan a casi 50 constructoras por irregularidades en licitaciones públicas

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) a través de su Consejo le aplicó multas a 47 empresas ligadas al sector de la construcción por un valor superior a los 47 millones de euros bajo la acusación de llegar a acuerdos con el fin de fijar los precios y repartirse las licitaciones de obras de rehabilitación de varias carreteras, sobre todo en proyectos ligados al ministerio de Fomento.

Estas multas aplicadas van desde un mínimo de 95.000 euros a un máximo de 5.500.000 euros. Los 5 millones de sanción son superados por tres compañías: Obras Caminos y Asfaltos (OCASA) con una sanción de 5.550.000 euros, Gevora Construcciones con 5,3 millones y Constructora Hormigones Martínez con 5,055 millones de la moneda común.

Entre las restantes grandes empresas constructoras de España, figura también una multa de 277.000 euros para OHL, una de 1,877 millones para Eiffage Infraestructuras y una de 106.000 euros para Vías y construcciones, que es una filial de ACS.

De acuerdo a lo que pudo saberse de la nota de la CNC, la malversación afectaba sobre todo a licitaciones que eran convocadas por el procedimiento restringido. Con este procedimiento la Administración convoca a la respectiva licitación y en ésta sólo pueden presentar sus ofertas que lo solicitaron previamente y que de acuerdo a su solvencia pueden hacerse cargo de la obra en cuestión. La Administración establece un presupuesto de referencia y las empresas seleccionadas presentan el suyo indicando la baja que estén dispuestas a realizar sobre el presupuesto original presentado por las autoridades.

De las investigaciones que se llevaron a cabo resultó que las empresas seleccionadas mantenían contactos entre sí y se informaban mutuamente de las bajas que iban a realizar en las distintas obras, de manera que cada una sabía anticipadamente cuál de ellas iba a ganar y entonces se repartían todas las licitaciones entre este “selecto” grupo.

Cada empresa que ganaba una licitación compensaba económicamente a las otras “competidoras” que habían modificado ex profeso su presupuesto. Incluso algunos de estos pagos ilegales pudieron ser detectados en las contabilidades de dos de las empresas que están involucradas en este ilícito. Hasta se pudo recuperar varios pagarés emitidos entre las empresas relacionadas al hecho.

Las licitaciones en las que se detectaron irregularidades suman en total catorce y tuvieron lugar entre los años 2.008 y 2.009 en obras que se repartieron en todo el territorio español.

La CNC comunicó además que este hecho, conocido como “bid rigging” es una de las conductas anticompetitivas más graves y por lo tanto debe recibir un “castigo ejemplar”.

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