La CEOE solicita que se pueda despedir a funcionarios públicos

La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) asegura hace ya un tiempo que en España hay muchos empleados públicos, bastante más de los que son realmente necesarios para el funcionamiento del Estado. En realidad no especifica la cantidad, pero lo que sí pide expresamente es que éstos puedan ser despedidos, en caso de ser necesario, como sucede con la actividad privada española y de cualquier otro país.

El presidente de la patronal, Juan Rosell, declaró el pasado miércoles textualmente que “en el campo de la actividad pública nos tenemos que acostumbrar de una vez por todas a que no haya tantas diferencias con el sector privado”. O sea que, dicho en otras palabras, la CEOE defiende la tesis de que se pueda despedir a los funcionarios públicos mediante el sistema de regulaciones de empleo (ERE) o si no por despidos objetivos e individuales en casos específicos.

De acuerdo a lo que piensan en la patronal, el sector público está completamente sobredimensionado y esto se debe en buena medida a que los funcionarios “o no cumplen sus tareas o directamente no tienen trabajo para realizar”. Y esto, en opinión de la CEOE, obliga a las distintas Administraciones a buscar salidas muchas veces traídas de los pelos como recolocarlos una gran cantidad de veces o formarlos por un cierto período para realizar otras tareas, con lo que el despido se transforma por lejos en la última solución como ocurre en un buen número de empresas privadas.

Rosell aprovechó el miércoles la presentación de un informe de CEOE acerca de la actualidad del sector público para dar “un pasito atrás” en la reciente propuesta de contratos laborales de 400 euros al mes para combatir los efectos del paro en España, lo que dio en llamar “minijobs”. Pero visto el contundente rechazo frontal tanto de UGT como de CC OO el presidente de la patronal aclaró ahora que esa “no era una propuesta formal ni mucho menos”.

También el miércoles CEOE tuvo reuniones de sus órganos de dirección, entre ellos varias patronales lideradas por la madrileña CEIM, donde se defendió el hecho de que en el proceso de diálogo con los sindicatos debe llegarse a un “acuerdo de máximos”.

Este acuerdo debería contemplar negociaciones colectivas, contratos con despidos improcedentes y la liga de la evolución de los salarios a la productividad.

Esto difiere en buena medida de la posición esgrimida por Rosell, quien prefiere pactos donde pueda llegarse a un acuerdo y dejar al Gobierno legislar donde esos acuerdos no se puedan alcanzar.

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