Buscan una ley para mejorar el reparto de rentas en el campo

El ministerio de Agricultura de España le va a dar prioridad a la tramitación de una ley que mejore la cadena alimentaria. Este proyecto ya fue aprobado por el anterior gobierno en el mes de julio del año pasado.

Ahora el nuevo titular de la cartera, Miguel Arias Cañete, en reuniones con los responsables de las distintas organizaciones agrarias y las diferentes cooperativas, no pudo prometer grandes inversiones debido a los fuertes recortes de recursos de la mayoría de los ministerios, pero sí prometió un fluido diálogo y actuaciones políticas en el marco nacional y en Bruselas, con el objeto de negociar la reforma de la Política Agrícola Común o los eventuales acuerdos con terceros países.

Lo que se busca es desarrollar una norma donde, desde una posición de equilibrio, se puedan regular las relaciones el sector productor, la industria transformadora y la distribución. Este es una de las prioridades del sector agrario para poder defender de la mejor manera sus rentas.

A través de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), los productores e industriales coinciden en que es necesario tener instrumentos de defensa frente a una gran distribución en la que no más de media docena de grupos controlan más del 60% de las ventas de bienes de consumo masivo.

Y así es que el sector agrario reclama que se desarrolle y ponga en práctica cuanto antes un código de buenas prácticas obligatorio por el cual queden sin efecto las actuaciones abusivas de la gran distribución.

Ya no se admiten actuaciones como las de las ventas a pérdidas, y se reclama enfáticamente que se cumplan los pactos de pagos a 30 días para los productos frescos y 60 días para los productos elaborados.
Se exige también que se prohíban los pagos atípicos, una fuerte regulación de las subastas a ciegas, de las promociones y de las actuales políticas de contratos.

Desde todos los ámbitos relacionados con la producción esperan medidas que refuercen el poder de negociación de agricultores y ganaderos que hoy por hoy no tienen ninguna organización ni capacidad para poder defender sus intereses desde la óptica del respeto a las normas de la Competencia. Lo que sí les sobra son iniciativas valientes que en os últimos años no fueron tenidas en cuenta por la Administración Socialista que acaba de dejar el poder en España.

Es necesario sin dudas un mayor equilibrio entre todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria española, y cuanto antes se produzca, mejor.

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