¿Cuánta culpa tienen los Bancos de esta actualidad?

Un juzgado de Lleida le impidió al Banco Pastor proceder al embargo del salario y las otras propiedades a dos hermanos marroquíes que en el año 2.005 se hipotecaron para comprar un piso y lo perdieron por no poder pagar la hipoteca cuatro años después. El Banco Pastor les reclamaba 66.000 euros que al parecer debían una vez entregadas las llaves.

El decreto del juzgado considera saldada la deuda, señala a los Bancos en general como principales responsables de la crisis inmobiliaria y se pregunta qué porcentaje de responsabilidad le caben a las entidades bancarias en todo este descalabro. Por ahora el Banco Pastor recurrió la medida que fue dictada el pasado 29 de diciembre.

El decreto toma como antecedentes dos resoluciones de las audiencias de Navarra y Girona que aceptaron que la entrega del inmueble liquide la deuda. Y el escrito razona textualmente que el propio Banco “incorpora en su patrimonio un inmueble que él ha tasado libremente, pero ahora le computa un precio muy inferior a esa valoración”.

Así es que el Banco Pastor tasó el inmueble en 219.000 euros en el 2.005 pero después se lo adjudicó por la mitad unos años más tarde. Como en el caso de Navarra y Girona, la resolución califica de “abuso de derecho” y “enriquecimiento injusto” las intenciones del Banco Pastor.

No se discute que el valor del inmueble sea ahora menor, pero la carga de esa rebaja no tiene por qué recaer en las personas que contrataron las hipotecas en las épocas de bonanza. El decreto del juzgado se pregunta “seguramente, el inmueble tiene ahora un valor de mercado inferior al precio pactado, ¿pero es justo que el deudor sufra todas las consecuencias de este descenso?”. “¿No sería más justo que las entidades también soportasen una parte?”. Y termina su explicación diciendo que los economistas están de acuerdo en que las pérdidas de valor de los inmuebles han sido provocadas en gran parte por las propias entidades financieras con su mala gestión.

La abogada de uno de los hermanos asegura que la interpretación estricta de la Ley permite situaciones como ésta, las que claramente son un abuso. Y la actual situación por la que atraviesa el mercado inmobiliario español no está para interpretaciones estrictas de las Leyes ni mucho menos, sino para que, en cada caso, de llegue a un acuerdo que derive en el menor de los males para las partes involucradas.

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