El Gobierno le reclama a Abertis 90 millones de euros

El nuevo Gobierno de España a cargo de Mariano Rajoy, y a través del ministerio de Hacienda, le está reclamando a la empresa Abertis la para nada despreciable cantidad de 90 millones de euros, de acuerdo a lo que reconocieron en la misma compañía cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le está pidiendo información adicional acerca de su informe de auditoría.

Abertis ha explicado que tiene incoadas actas de inspección por comprobaciones que se llevaron a cabo durante los años 2.000 y 2.001a causa del impuesto de sociedades con carácter general; y además por el año 2.001 y 2.002 con carácter limitado. Todo esto en relación con la procedencia de deducciones debidas a actividades exportadoras aplicadas en dicho impuesto de sociedades por la sociedad Aurea.

Los actuales directivos de Abertis ya explicaron que estas actas se encuentran firmadas en disconformidad, que han sido varias veces recurridas ante las autoridades competentes y que al día de hoy se encuentran pendientes de resolución por parte de los órganos jurisdiccionales que tomaron cartas en el asunto.

La compañía explicó además que, de acuerdo a sus cálculos, el importe de las mencionadas actas asciende al 31 de diciembre de 2.010 a la suma de 32 millones de euros, una suma que se encuentra “totalmente provisionada”.

De manera adicional a estos hechos que se investigan, en el ejercicio correspondiente al año 2.008 también se incoó un acta de inspección a Abertis, debido a la aplicación indebida en el transcurso del ejercicio 2.002 de la cuenta “Reserva de la revalorización de activos”. En este caso, el importe de la mencionada acta al 31 de diciembre del 2.010 es de 58 millones de la moneda común. Esta acta también se encuentra recurrida en los tribunales correspondientes.

Las actuales autoridades de Abertis informaron que por esta última reclamación por el momento no han llevado adelante provisión alguna según sus propias palabras “al entenderse que existen sólidos argumentos para defender la no procedencia de la regularización practicada por la Inspección y que estos serán estimados por los organismos competentes”.

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