Los trabajadores, a la carga contra la reforma

CC OO y UGT, los dos principales sindicatos de España, anunciaron el sábado 11 el comienzo de un proceso de “movilización ascendente” en contra de la reforma laboral que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigencia el domingo después de ser publicado en el BOE el día anterior.

Y la primera instancia de este proceso de lucha va a ser el próximo 19 de febrero, día en el que las centrales convocaron una serie de marchas en todo el territorio español en contra de un decreto-ley que va a facilitar y abaratar el despido, además de permitir a las empresas una rebaja general de sueldos.

Tanto Ignacio Fernández Toxo de CC OO como Cándido Méndez de UGT coincidieron en que la nueva legislación laboral es “brutal” y deberá leerse con mucho cuidado lo que plantea para el sector público.

Y ambos dirigentes coinciden en que lo más preocupante es que el propio gobierno reconoce que esta reforma no va a crear empleo. Para ambos, lo que resultará de todo esto es una manifiesta destrucción de puestos de trabajo en haras de los beneficios empresariales. Aseguran que estas medidas les “dan las llaves de la caja de la seguridad social a las empresas para que sean usadas según la conveniencia de las mismas”.

Fernández Toxo habló de una “democracia vigilada” cuando se refirió a la actual situación de España bajo la presión de Bruselas, el BCE y el FMI.

El sindicalista dijo que esta reforma causará un “daño tremendo” en lo referente a la negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores españoles. Y Méndez afirmó por su parte que “a los padres los van despedir barato y fácil, y a sus hijos los van a tomar en las mismas condiciones, aunque seguramente más barato”.

El cambio de los días de indemnización por año trabajado se va a imponer según Méndez porque de esta forma se elimina el control jurisdiccional y se carga el sentido de la carga de la prueba de modo que un trabajador se acoja a los 45 días.

Lo cierto es que para los sindicatos esta reforma, en cuanto a sus consecuencias prácticas, es la del despido único y se da únicamente como respuesta del nuevo gobierno a la crisis económica que sigue azotando a España.

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