La banca española ofrece créditos para pagar a proveedores

Comienzan a delinearse las estrategias a seguir. El gobierno de España aprobó unos días atrás un plan para agilizar el pago de las inmensas deudas que acumulan la mayoría de los Ayuntamientos españoles con sus proveedores. El respectivo decreto está plagado de exigencias a las corporaciones municipales, quienes deben reunir todas sus facturas pendientes de pago antes del 15 de marzo, y las condiciones a cumplir por dichos proveedores.

Lo cierto es que todavía no se conocía lo fundamental, es decir los detalles de la operación. Ésta contará con el aval de la Administración Central.

Al parecer la oferta de la banca será la de otorgar créditos a un máximo de cinco años y a un tipo de interés variable, que en estos momentos estaría cerca del 5%. La contrapropuesta de los alcaldes es la de un tipo de interés fijo, más bajo y sobre todo a un mayor plazo.

Ahora el balón está otra vez en campo del Gobierno.

Las negociaciones entre las autoridades nacionales y la banca continúan, habiéndose obtenido avances en cuanto al tipo de interés, que estará cerca del euríbor a una año más 3,5 puntos. Esto daría algo más del 5%. Se trata de una consideración que no parece demasiado probable porque supondría subir el riesgo de la operación y consecuentemente el tipo de interés.

Pero el del tipo de interés no es el único punto álgido. Otro problema se deriva del plazo que tendrían los Ayuntamientos para devolver los préstamos. La banca sigue firme en que no tiene instrumentos financieros como para otorgar plazos superiores a los cinco años.

Lo concreto es que no parece sencilla la búsqueda de una fórmula que satisfaga a todas las partes: Ayuntamientos, Banca y Gobierno.

La banca ofrece dos opciones principales: constituir un gran crédito sindicado de 40.000 millones de euros o un sistema de relación bilateral entre la administración y la entidad financiera en el que se profundizase sobre cada caso en particular, con una relación más directa con el “cliente”.

En los dos casos habría avales del Estado, y al parecer el Gobierno apuesta por la primera opción a la vez que algunas grandes entidades bancarias prefieren la segunda.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya instruyó a su presidente Juan Ignacio Zoido para que encabece las negociaciones con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

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