Los problemas de las Comunidades, aún peores

Todo el Gobierno de España está realmente en apuros para poder darle forma aceptable a los presupuestos.

Pero los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas están “al borde de un ataque de nervios” tratando de ver cómo hacer para que sus cuentas medianamente cierren.

Con un desfasaje presupuestario que el año pasado llegó al 2,94% del PIB español, deberán hacer un ajuste de al menos 15.600 millones de euros en este 2.012 para que las cuentas queden “regular”. El problema más grave es que el 75% de este presupuesto es destinado por las Comunidades a educación, sanidad y servicios sociales. Y sin que estos sectores sufran un recorte importante, no parece posible que se pueda cumplir con los ajustes comprometidos.

Así es que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el nexo entre las autoridades centrales y los responsables de Economía de las regiones, los consejeros “sugirieron” que necesitan un fuerte impulso del Gobierno para poder alcanzar mínimamente los objetivos de déficit que aún así decidieron aprobar.

Varios de los consejeros económicos regionales le pidieron al Ejecutivo que asuma una buena parte del coste político de los recortes que deben llevarse adelante, además de reclamar una rebaja en la cartera de servicios, es decir que se reduzca la cobertura de algunas prestaciones sanitarias.

También piden alguna rápida medida estatal que les permita a las Comunidades poder bajar el sueldo de los funcionarios sin tener que asumir el coste político, ya sea que éste provenga de una modificación de las condiciones laborales o directamente de una nueva rebaja del sueldo. Lo que sí esperan las comunidades poder hacer es reducir el personal laboral eventual que se encuentren en estos omentos trabajando en sus plantillas.

Alberto Rodríguez Feijóo, el presidente gallego, fue quien abrió el fuego de los pedidos. Entre las solicitudes está poder subir las tasas reguladas por el Estado, regulándolas a partir de ahora en función de la renta para poder obtener así más ingresos. Estos pedidos están siendo estudiados por un grupo especial creado por Montoro hace alrededor de dos semanas.

El Gobierno central ya tomó algunas medidas para aliviar la crítica situación de las Comunidades. Amplió de cinco a diez años el plazo de reintegro de las transferencias del 2.008 y 2.009 y les anticipó un semestre parte de las transferencias que debían realizarse en julio, por un monto de 6.000 millones de euros.

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