Industria le quita atribuciones a la CMT, quien al parecer se rebelará

La Administración de Mariano Rajoy, más precisamente el Ministerio de Industria, tomó la decisión de convertirse en una suerte de “superregulador” de las telecomunicaciones. Este nuevo ente asumirá casi todos los poderes de cierta importancia que hasta el presente estaban en manos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

De esta forma, y aprovechando la actual reorganización de los organismos reguladores, Industria va a despojar a la CMT de competencias que hasta ahora estaban bajo su órbita como la portabilidad, es decir el cambio de compañía conservando el número del móvil, la asignación de las nuevas numeraciones, el registro de operadores, el servicio con carácter universal y la resolución de los conflictos que eventualmente se presenten.

La reacción de la CMT no tardó en llegar, y su Consejo ya remitió a las autoridades de Industria un muy duro informe en el que se destaca que en el ámbito de las comunicaciones electrónicas es textualmente,” es el regulador que cuenta en la actualidad con un menor número de competencias, frente a todas aquellas que otorgan las Directivas Europeas a las autoridades nacionales de regulación (ANR) independientes”.

Con esta reforma que está contenida en el anteproyecto de Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el nuevo gobierno de España espera asumir el papel de los grandes operadores del sector, aquellos que disponen de las mayores infraestructuras como Vodafone, Telefónica y Ono. Éstos siempre se quejaron del supuesto intervencionismo de la CMT a favor de los operadores más pequeños; éstos alquilan esas infraestructuras a precios que están regulados y por lo tanto precisan de un regulador fuerte que en cierta forma garantice su subsistencia en el mercado.

El informe que envió la CMT al departamento ministerial que dirige José Manuel Soria marca además que en todo el resto de Europa las competencias que son transferidas al Gobierno son ejercidas en forma mayoritaria por los reguladores nacionales independientes. Así es que en toda la región se ha optado por subir de manera progresiva las competencias de las ANR independientes en el ámbito sobre todo de las comunicaciones electrónicas.

Y la gran mayoría desarrollan más allá de las funciones de regulación de los mercados competencias que se relacionan con la protección de los usuarios. España y Estonia son las únicas ANR que no tienen esta función.

La CMT recalca además que, en algunos casos, se asumen competencias en cuanto a seguridad de redes, registro de dominios y otras actividades afines.

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