A partir del 1º de abril subirá la tarifa de la luz

José Manuel Soria, el titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, esperó apenas cuarenta y ocho horas después de las elecciones del domingo para dar a conocer la anunciada subida del coste de la luz, que se va a efectivizar en abril. De acuerdo al anuncio, la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que es la que abonan más de 20 millones de hogares y Pymes, va a aumentar el próximo 1º de abril entre un 5 y un 7%.

En declaraciones periodísticas, Soria dijo que el Gobierno debe subir la luz para cumplir con una disposición del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en la tarifa el hecho de haber superado el límite anual de generación de déficit de tarifa, que oportunamente se fijó en 1.500 millones de euros.

Soria se preocupó en afirmar que no serán sólo los consumidores quienes deban soportar el cumplimiento de la disposición, sino que la subida se repartirá también entre los operadores del sector eléctrico y con las cuentas públicas, porque si no debería subirse la tarifa no menos del 40%.

Sin embargo el ministro perdió el lunes la oportunidad de comunicar esta decisión a las propias empresas en una reunión con la plana mayor del sector.

Así es que una parte del coste irá con cargo al consumidor aunque muy lejos del 40% calculado, otra parte con cargo a los operadores del sistema y la última parte con cargo a las cuentas públicas.

El viernes próximo el Ministro llevará al Consejo de Ministros varias propuestas concretas para comenzar a bajar el déficit de tarifa generado porque los recibos de la luz no cubren todo el coste del servicio prestado.

Con este aumento del coste de la luz, el Gobierno da marcha atrás con la decisión que tomó el anterior Poder ejecutivo en un acuerdo con el PP, cuando decidió congelar las tarifas durante el tercer y cuarto trimestre del año pasado, algo que ahora es rechazado por el Alto Tribunal.

El recibo de luz se divide casi en partes iguales entre los llamados peajes, es decir la parte regulada de la tarifa que es fijada por el gobierno, y el coste originado por la generación y distribución de la energía. Esta última parte tuvo una baja del 7,1% que no se trasladó al recibo por la obligación de reducir cuanto antes el déficit de tarifa, que actualmente ronda los 24.000 millones de euros.

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