La dación en pago, una salida para los desalojos

Las quejas de los Bancos contra el Gobierno de España se están escuchando cada vez más. Primero fue por exigirles subir las provisiones contra la morosidad, mientras desde el exterior se les pide más capital.

Después fue el hecho de haber sido obligados a pagar la reestructuración de las Cajas españolas con dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Y ahora, desde el pasado viernes, se les obliga a aceptar la dación en pago como última posibilidad para aquellos que no puedan hacer frente a los créditos hipotecarios contraídos.

Pero a la par del enojo la situación se asemeja cada vez más a la resignación. Los Bancos sienten que perdieron influencia para parar a un Gobierno que decidió compensar amargas medidas sociales con duras exigencias a la banca.

Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, presentó el viernes pasado el código de buenas prácticas para hacer más flexible la situación de quienes en el umbral de la exclusión no pueden pagar sus hipotecas.

Y al final del camino el objetivo último es evitar los desahucios mediante la dación en pago, es decir la devolución de la casa al Banco en pago del crédito pendiente.

La vicepresidenta aclaró que el código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo, o sea que las entidades que se comprometan a aplicar el acuerdo, podrán poner en práctica estas medidas para los actuales procesos de desahucio. Pero va a depender de en qué momento procesal se encuentre el trámite para determinar si la persona puede acogerse a estas nuevas condiciones.

De acuerdo a fuentes judiciales confiables, hay unos 300.000 procesos abiertos y alrededor de 150.000 desahucios llevados a cabo. Las autoridades esperan que la gran mayoría del sector financiero se acoja a este nuevo código, ya que cree firmemente que “todos debemos hacer grandes esfuerzos en estos momentos tan difíciles para el país”, según palabras de la vicepresidenta.

Pero lo cierto es que las entidades están en contra de la dación en pago porque si bien esto figura como “voluntario” es en realidad una obligación, ya que nadie puede oponerse al Gobierno, que es el que manda.

Para poder estar incluido en este plan de flexibilización, todos los integrantes de la familia deben estar en paro. Las cuotas hipotecarias deben superar el 60% de los ingresos familiares y sólo debe poseerse una vivienda. Además las condiciones varían de acuerdo a las ciudades y a las eventuales rentas de trabajo o actividades económicas.

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