La Unión Europea le ganó una batalla a varias empresas españolas

La mayoría de los entendidos consideran que fue adecuado el freno que le impuso Bruselas a una de las más importantes ventajas fiscales para la internacionalización de las empresas de España.

En estos últimos días el Tribunal europeo de Justicia, que tiene su sede en Luxemburgo, dio su veredicto final a un largo conflicto que enfrentó a los españoles con la Comisión Europea (CE), y que concluyó con la desaparición progresiva de esta herramienta fiscal con que se contaba hasta ahora.

Son cuatro las grandes empresas españolas que recurrieron la medida de la CE: BBVA, Telefónica, Ebro Foods y los hipermercados Continente. Esta medida fue adoptada en el año 2.009, y finalmente el Tribunal de Justicia desestimó las quejas. En cuatro autos de similar tono que fueron dados a conocer en las últimas horas, el organismo considera “inadmisibles” las protestas de las empresas españolas, porque éstas no se ven en ningún momento individualmente afectadas por la decisión de la CE, lo que constituye una condición necesaria e indispensable para poder efectuar una recurrencia.

El objeto de toda esta trama es la deducción del fondo de comercio que era un beneficio fiscal que les permitía a las empresas españolas comprar participaciones en empresas extranjeras y después proceder a deducir el sobreprecio que habían pagado por ellas, es decir la diferencia entre el valor contable de la compañía y el precio real al que habían sido adquiridas.

Así es que se pretendía fomentar el ingreso de capital español en empresas extranjeras por obtener precios mucho más asequibles.

En el año 2.007 la CE abrió una investigación formal y en octubre del 2.009 terminó por declararla “incompatible con el mercado común” ya que esta práctica suponía una forma de ayuda del Estado para la adquisición de empresas, en este caso del resto de Europa.

Fue desde ese momento que el fondo de comercio quedó prohibido pero igualmente desde Bruselas se permitió seguir aplicándolo a las compras efectuadas hasta el 21 de diciembre de ese año, cuando se inició la investigación que ahora ha concluido.

Las empresas españolas que decidieron recurrir la medida están muy internacionalizadas y entonces se veían beneficiadas por esta deducción fiscal. Todas adujeron que la decisión tomada las perjudicaban de una forma muy especial.

Igualmente el Tribunal consideró que, a la vista de la documentación aportada, “ninguna ha podido demostrar su condición de beneficiarias efectivas del régimen controvertido.

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