La Iglesia católica española no va a sufrir recortes presupuestarios

Dentro de un marco de ajustes que tomaron un carácter inusitado habida cuenta de la crisis económica a la que debe hacer frente el Gobierno de Mariano Rajoy en España, casi todos los estamentos españoles vieron reducir sus partidas presupuestarias para el año en curso.

La situación de la Iglesia Católica española parece ser, entre otras pocas, la excepción a estos furibundos recortes. Y es así que este año va recibir una partida de 159 millones de euros a cuenta de la asignación que le corresponde a partir de sus ingresos por el Impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF).

Esta cifra es igual a la que las autoridades eclesiásticas recibieron en los dos anteriores ejercicios de los años 2.011 y 2.010, a pesar de los recortes generalizados que aunque no fueron de la magnitud de este año sufrieron todos en esos ejercicios.

Esta es la disposición que ahora consta en una disposición final del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año 2.012.

De esta forma la Conferencia Episcopal Española va a recibir mensualmente durante todo el año un cheque proveniente de Hacienda por un valor de 13,266 millones de euros. Después, antes del 30 de noviembre del 2.013, se procederá a efectuar una liquidación provisional de la asignación que le correspondió a la Iglesia en el 2.012, una vez terminada la campaña de la declaración de la renta.

La Iglesia española va a recibir en la liquidación de este año a cuenta del IRPF del año anterior un total de 248,2 millones de la moneda común. Para el año en curso, los PGE estiman que la asignación de la Iglesia va a rondar los 246 millones de euros de los 29.232 millones de recaudación total del IRPF por la Administración Central presupuestados. De cualquier forma se sabe que la cifra definitiva va a depender de la recaudación real del impuesto.

A estas ayudas a la Iglesia se le suman varias partidas de los PGE de distintos ministerios que se derivan a la financiación de capellanes militares, penitenciarios y de hospitales públicos, así como convenios culturales y partidas para la restauración de iglesias y de patrimonio histórico.

También las Comunidades Autónomas deben reservar parte de sus partidas para las diócesis que estén en su territorio.

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