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Se sabía que la crisis del ladrillo que fue una de las principales causas de la crisis económica global tras la “explosión” de la burbuja inmobiliaria iba a seguir cobrándose víctimas en España.
Y ahora son tres Cajas de Ahorros que en su momento arriesgaron buena parte de su capital en construcción y préstamos para la vivienda y ahora pagan las consecuencias. Ellas son CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Unnim, o sea la unión en su momento de Terrassa, Manlleu y Sabadell.
Los créditos al sector inmobiliario terminaron por destruir lo más importante que debe presentar una entidad financiera, que es su capital. Y por ello desde el 30 de setiembre se encuentran oficialmente controladas por el Estado. Vencido el plazo para encontrar inversores privados y evitar así ser nacionalizados, y al no prosperar el tema de las fusiones, debieron sufrir el estigma de pasar a manos estatales.
El caso más preocupante es el de Unnim, al que el Supervisor ha valorado en el precio simbólico de un euro, por no decir que su valor es nulo. Y esto se produce después de que tres informes independientes coincidieran en que el pasivo (valor negativo) de la entidad era de decenas de millones de euros y con perspectivas más que negativas.
Ahora el Banco de España ha advertido a los clientes de las tres entidades que éstas ya no tienen ningún problema de solvencia porque sus activos están garantizados por el Estado español.
El Banco de España advirtió que la nacionalización debió llevarse a cabo en el peor momento de los mercados de los últimos 70 años y dio por finalizada la recapitalización del sector financiero del país. Su presidente, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hizo sin embargo un balance positivo del proceso, que le costó al Estado la suma de 7.551 millones de euros, en los que se incluyen los 2.800 millones que se colocaron en la CAM y a los que el Gobierno da prácticamente por perdidos por la mala gestión de los directivos de la Caja Mediterráneo.
Para Ordóñez estos más de 7.550 millones de euros pueden parecerle a los ciudadanos una “cantidad excesiva” pero no son mucho comparados con los problemas que se hubiesen suscitado de no haber sido colocados.
El despilfarro ocurrido entre los años 1.994 y 2.006 bien vale esa inversión, declaró el presidente del Supervisor.
Lo cierto es que ahora el Estado posee el 100% del Banco de Unnim, el 90% de CatalunyaCaixa y el 93% del NCG Banco, la entidad que asume los activos financieros de Novacaixagalicia.
Algo importante a tener en cuenta: la crisis no puede ni debe darse por cerrada…