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Cuando falta poco más de dos meses para que venzan los bonos emitidos para particulares del tripartito, ya el gobierno de Cataluña comenzó a “organizar” la próxima emisión de deuda.
El poder ejecutivo a cargo de Artur Mas consultó a varias entidades financieras de primer orden con una nueva propuesta para realizar dicha emisión, la que también estará destinada al mercado minorista, por unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a ampliarse hasta los 4.000 millones de la moneda común.
Esta oferta inicial será en principio muy parecida a la que ya realizó el gobierno catalán en el mes de abril pasado, cuando pudo colocar 3.200 millones de euros. La novedad es que ahora está prevista la emisión de un tercer tramo de bonos a 36 meses y a un tipo de interés del 5,25%.
Extraoficialmente, las fuentes que dejaron trascender la información aseguraron que la Generalitat ya empezó a sondear el mercado y a las entidades aseguradoras. El departamento de Economía y Conocimiento catalán, a cargo de Andreu Mas-Colell, ha propuesto una emisión de bonos en tres tramos. El primer tramo sería una emisión de bonos a un año con una remuneración del 4,25%, el segundo a dos años con un tipo de 4,75% y el tercero y último a tres años y con un tipo del 5,25%.
La idea del gobierno de Cataluña es poner en marcha esta operación a finales del mes de octubre, a pesar de que todavía quedan varios puntos por ver y ajustar. Entre ellos, están las comisiones que van a cobrar las entidades financieras y los importes máximos en bonos que se van a asignar a cada uno de los tres tramos de la operación.
Muchos funcionarios sostienen que todavía no hay nada concretado y que de momento la Generalitat está hablando en forma permanente y fluida con Cajas y Bancos a fin de ver todas las posibilidades de endeudamiento y asegurar así a los inversores que cobrarán los intereses correspondientes a la emisión de noviembre del año pasado, que ascendió a 3.500 millones de euros.
Por ahora se considera poco probable la posibilidad de realizar una emisión para inversores institucionales como fondos de inversión o de pensiones, ya que los mercados están cerrados a emisiones autonómicas por los problemas derivados de la crisis de deuda soberana que está por estas semanas castigando especialmente a España e Italia.