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De acuerdo a lo que reconocieron algunos portavoces de la Generalitat, ésta va a despedir antes de que comience el verano a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas y otros organismos en los cuales tiene una participación superior al 50% como parte del plan de ajuste que se ha propuesto ejecutar.
Al parecer este ajuste ya se aprobó en el pasado mes de febrero y según él estas empresas y entidades deberán reducir o bien un 6% su masa salarial o un 5% de su plantilla antes de que finalice el primer semestre de este año. Recién allí se sabrá a ciencia cierta el número exacto de afectados por la medida.
Según consta en los presupuestos de Catalunya del año pasado, el personal total a su cargo era de casi 50.000 personas en el año 2.010. Así es que un 5% de esa cantidad implicarían más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó adelante Nissan en el 2.009, y que fue el mayor de Catalunya en los últimos años.
Desde la gobernación aseguran que no será necesario llegar a esa cantidad de despidos, pero por ejemplo para Xavier Casas, el responsable de la función pública de UGT en la Generalitat, se está en presencia de un ERE encubierto ya que afecta a personal fijo, sin tener en cuenta ningún criterio económico, incluyendo el despido de personas con más de 20 de antigüedad en sus puestos.
Para los sindicatos los despidos ya comenzaron. En varios entes estatales de la gobernación ya fueron dados de baja más de 70 trabajadores.
Suman en total 74 despedidos a quienes se les abonó sólo 20 días por año trabajado, lo cual no es lo que prevé la Ley.
También desde CCOO su coordinadora de Área Pública Josefina Pujol denunció que a pesar de haber intentado varias veces abrir conversaciones con las autoridades, éstas se negaron sistemáticamente a recibirlos.
UGT, de acuerdo a los despidos producidos hasta la fecha, prevé que el total de cesanteados en los próximos meses va a superar ampliamente los 1.000 trabajadores, una cifra casi igual a los 912 empleos destruidos en todo el año pasado según la EPA.
La gobernación, por su parte, afirma que la mayoría de los damnificados son interinos, personal contratado y eventual que reforzaba determinados horarios y lugares de trabajo.
La situación, lejos de resolverse, podría empeorar sustancialmente en las próximas semanas.
Pujol ha sido muy clara en sus dichos, al afirmar que «No tiene sentido que en Catalunya, con una cuota de paro de casi el 18%, la Generalitat sea parte del problema y no de la solución».