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Las autoridades del gobierno central de España redoblaron sus esfuerzos para poder dar una vía de escape a la complicada situación de los Ayuntamientos, los que acumulan desde el inicio de la crisis económica miles de millones de euros en deudas con sus proveedores.
A diferencia de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos apenas tienen posibilidades de captar financiación externa. Y es por esto que, en menos de treinta días, el ejecutivo a cargo de Mariano Rajoy aprobó dos decretos ley y cerró una intensa negociación con la banca y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Por un lado las entidades locales tendrán un crédito de 20.000 millones para pagar sus facturas, además de otros 15.000 millones destinados a las Comunidades. Pero la contrapartida a esto puede llegar a tener consecuencias muy severas. Las cuentas municipales van a poder ser revisadas por la Intervención General del Estado, quien tendrá incluso la potestad de encargar auditorías privadas a la marcha de las cuentas de los Ayuntamientos.
El Gobierno puso como requisito indispensable para este plan de auxilio el hecho de que los Ayuntamientos tengan los recursos como para devolver los préstamos tomados, los que cuentan con el aval estatal. Y debido a esto se ha blindado ante la eventualidad de retrasos o impagos a futuro.
Uno de los decretos, que fue aprobado hace alrededor de quince días y convalidado el jueves pasado en el Congreso, permite al Ministerio de Hacienda retener la participación en los ingresos tributarios del Estado a los municipios que incumplan los planes de pago establecidos.
Estos planes seguramente obligarán a los Ayuntamientos a reducir sus gastos y subir sus tasas de impuestos para poder hacer frente a sus obligaciones. Y además el Gobierno pondrá en marcha un sistema de alarma temprana para detectar los retrasos e incumplimientos cuanto antes, sin que la cosa empeore todavía más de lo que está en la actualidad.
Este sistema se detalla en el segundo decreto ley, que publicó el domingo el Boletín Oficial del Estado. Por este decreto se regula la creación del fondo estatal que va a concentrar toda la actividad financiera ligada a los Ayuntamientos, con lo cual se podrá establecer una vigilancia mucho más estrecha sobre las cuentas municipales en toda España.
Va a existir un interventor municipal que cada año deberá informar acerca de si la ejecución de este plan permite al municipio en cuestión lograr los recursos necesarios como para hacer frente al pago de los créditos tomados, los anteriores y los nuevos.