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El secretario de Estado de Administraciones Públicas de España, Antonio Beteta, aseguró durante el transcurso del encuentro financiero internacional que se lleva a cabo por estos días en Madrid que «las Comunidades Autónomas (CA) tendrán en 2012 una financiación similar a la de 2011 y la Administración General del Estado tendrá menos recursos».
El número dos en el orden de importancia del ministerio de Hacienda hizo saber que el Consejo de Política fiscal y Financiera, que es órgano del Gobierno que sirve como interlocutor con los consejeros de Economía regionales va a repasar los últimos mecanismos de financiación que el Estado español ha puesto a disposición de las Comunidades, es decir el ya conocido crédito sindicado de 35.000 millones de euros y una línea paralela del ICO de 10.000 millones adicionales para así poder refinanciar los vencimientos de deuda. Se espera que ambos proyectos provean la liquidez suficiente como para que las Comunidades puedan hacer frente a sus facturas pendientes. Estos mecanismos ya fueron definidos por el actual Gobierno de España como “una revolución de la economía española”.
También se recordó que las autoridades de la administración central ampliaron de cinco a diez años el plazo para que las CA reintegren el anticipo de transferencias correspondientes a los años 2.008 y 2.009.
Así dadas las cosas, Beteta rechazó de plano que se vayan a flexibilizar los objetivos de déficit para las Comunidades Autónomas. Afirmó textualmente que «cuando se comprometieron a cumplir un objetivo del 1,3% del PIB no tenían los mecanismos que les hemos puesto. El 1,3% está aprobado». También recordó que el nuevo límite de déficit para las Autonomías en este año 2.012 es del 1,5%.
Señaló además que es evidente que las Administraciones Públicas están sobredimensionadas, lo que en muchos casos se debe a una concepción “clientelar” de las mismas que obviamente no dio buenos resultados.
Y aseguró que desde el año 2.001 la Administración General del Estado redujo su personal un 22% al tiempo que las Comunidades Autónomas lo aumentaron un 44% y los Ayuntamientos un 39% en el mismo lapso.
Estas cifras trajeron como consecuencia que en la última década el número de empleados que trabajan en las distintas Administraciones Públicas haya subido en 440.000 agentes. Y esto es algo que hay que solucionar a la mayor brevedad posible.