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El 24 de febrero toda Grecia se paralizó por una huelga general convocada por todas las grandes centrales sindicales en protesta por los importantes recortes salariales anunciados por el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu con el objeto de poder salir de la más grave crisis financiera por la atravesó el país en décadas, y reducir el déficit público de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea, que amenazó al país con su salida del Eurogrupo.
Dos semanas atrás habían sido los funcionarios los que habían ido a la huelga, el 24 todos los trabajadores fueron llamados a protestar.
El paro total de más de dos millones de trabajadores fue convocado por la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), la Unión de Funcionarios Civiles (ADEDY) y la Organización Sindical Comunista (PAME).
No hubo servicios en los puertos, una actividad vital por tratarse Grecia de una nación insular y no poder contar con servicios entre las islas, tampoco funcionaron los aeropuertos y los ferrocarriles brindaron un servicio de emergencia mínimo.
Sólo se garantizó el funcionamiento de autobuses en las grandes ciudades helénicas, los que resultaron insuficientes para movilizar al pueblo griego aunque no fuese a sus trabajos sino a las manifestaciones organizadas por los sindicatos.
Estas manifestaciones fueron masivas a pesar de que la policía bloqueó los accesos a la ciudad capital de Atenas, donde está concentrada el 50% de la población, desde la madrugada.
Las oficinas estatales, Bancos, Escuelas y hospitales mantuvieron cerradas sus puertas, en la que parece haber sido la más grande manifestación en contra de una decisión gubernamental de los últimos tiempos en territorio griego.
Inclusive se cerró el espacio aéreo, que sólo se mantuvo operativo para eventuales situaciones de emergencia de cualquier índole.
Los servicios informativos de la televisión se mantuvieron en silencio por 24 horas, por el plegamiento de periodistas y técnicos a la medida de fuerza.
Como se sabe, Bruselas impuso a Grecia un muy severo plan de ajuste que vigilará en forma rigurosa, para garantizar la reducción del déficit público, actualmente en el 12% del PIB griego, a razón de 4% anuales.
Para poder cumplir con esas metas, el gobierno debió recortar sueldos de funcionarios, aumentar la edad jubilatoria, subir los impuestos y reducir drásticamente el gasto público.
La población reaccionó en contra de estas medidas de forma muy enérgica, y verdaderamente el futuro de la situación está en tinieblas.
Las próximas semanas serán vitales para ver si se puede o no despejar el panorama de las finanzas de Grecia.