Intentan apurar las negociaciones del plan de empleo oculto

El titular del ministerio de Trabajo de España Valeriano Gómez es un convencido de las bondades del diálogo social. Y es por ello que en estos días está intentando apurar las conversaciones entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios para lograr un acuerdo con el plan gubernamental para hacer aflorar el empleo sumergido.

Hace un par de días desde el ministerio a su cargo se comprometieron con los distintos agentes sociales a enviarles un nuevo bosquejo del plan con las reivindicaciones planteadas por cada una de las partes, después de haberse producido el rechazo al primer texto puesto a consideración.

Fue el propio Gómez quien admitió el pasado martes en declaraciones periodísticas que seguían en conversaciones y aseguró que de alcanzarse un acuerdo con un grado de madurez mínimo, sería llevado al Consejo de Ministros esta misma semana.

Trabajo tenía la intención de tener todo ya finiquitado, pero el nuevo retraso producido por el rechazo de las partes al texto original lo ha obligado a “cambiar y redoblar el paso”.

El gobierno envió un primer borrador a los sindicatos en el que se establece un período que llega hasta el 30 de junio para que las dos partes, empresarios y trabajadores, regularicen la situación laboral. En ese lapso la intención gubernamental es dar facilidades a la parte empresarial para pagar la deuda con la Administración. Después de ese tiempo se empezarían a endurecer las sanciones aplicadas a quienes no cumplan con la Ley.

En este texto inicial también se contempla que aquellos trabajadores que sean dados de alta durante este proceso solamente podrán ver reconocidos a los efectos de tener derecho a prestaciones futuras como paro, pensiones, etc., un año en forma retroactiva a la fecha de legalización laboral.

Y este es precisamente uno de los puntos que, según fuentes oficiosas relacionadas a la negociación, podría ser cambiado en la nueva redacción de la Ley.

Pero éste no es el único punto que podría cambiarse. También está en discusión aquél que trata las sanciones por exigencias de la patronal.

Y además hay otro cambio que recoge el nuevo borrador del gobierno por el cual cuando una empresa subcontrate los servicios de otra, deberá responsabilizarse solidariamente de que los trabajadores de esta última se encuentren dentro de una situación laboral regular, amén de responder también en forma solidaria con las eventuales infracciones y sanciones.

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