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Una suerte de sentimientos encontrados, entre los que predominan una mezcla de alivio, preocupación y desconcierto es lo que hoy en día sienten las Empresas que son acreedoras de las distintas Administraciones. Y esta sensación se instaló el viernes de la semana pasada cuando supieron del nuevo sistema que el Gobierno propone: para cobrar antes, se deberá cobrar menos.
Y en el desglose de esos sentimientos el alivio llega por la vía de ver más cercano el momento de que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas les paguen lo que les adeudan.
La preocupación se deriva de la perspectiva de que algo tan peligroso, y todavía más en el sector público, como es el tema de las quitas, pase a institucionalizarse.
Y el gran desconcierto reinante no es sino la consecuencia del desconocimiento total de los detalles del sistema que la administración central tiene previsto implementar.
Desde hace varias semanas los responsables de las empresas afectadas se habían reunido con los ministros responsables, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, para intentar destrabar un problema que hace que sus cuentas pierdan cientos o incluso miles de millones de euros.
Ya Baldomero Falcones, el presidente y consejero delegado de FCC, un grupo al que el Estado le adeuda más de 2.000 millones, había adelantado que “pienso recuperar durante el presente ejercicio el 100% de la deuda con las Administraciones”.
Falcones alabó la decisión gubernamental de pagar pero se negó rotundamente a aceptar una quita en la deuda. “Las deudas se pagan íntegras” fueron sus palabras, pero admitió que esa era su posición personal y que no era lo mismo una quita del 1% que una del 10% ó más.
Recordó asimismo que FCC tuvo que deshacerse de negocios propios para financiar a las Administraciones públicas.
FCC y ACS son los grupos constructores más ampliamente afectados por la falta de liquidez del sector público, sobre todo por los servicios que regularmente prestan a los distintos municipios.
Algunos otros empresarios tuvieron palabras de tono más conciliador, como el presidente de Acciona, quien aseguró que esta “es una medida realista. Es preocupante que se institucionalicen las quitas, pero es preferible cobrar menos a no cobrar nada”.
De concretarse, habrá que esperar la reglamentación del respectivo decreto para ver realmente los alcances de esta medida tendiente a aliviar algo la asfixiante situación de las arcas públicas de España.