Para el Banco de España, cada autonomía debe recaudar de acuerdo a sus necesidades

José Luis Malo de Molina es el director general del servicio de estudios de la entidad bancaria de la administración del Banco de España.

Y en las últimas horas insistió tanto en declaraciones a la prensa como en un curso sobre economía española que organiza la Universidad Complutense de Madrid, en que las Comunidades Autónomas españolas deben esforzarse y tomar los recaudos necesarios para reducir el déficit público que presenta el gobierno central, estableciendo las bases de una “corresponsabilidad fiscal” por la que cada gobierno autónomo se debería ocupar de recaudar en sus comunidades de acuerdo con el gasto que éstas originen.

El sistema en la actualidad establece que cada Autonomía hace una previsión de ingresos que después es abonada por el gobierno central.

Si se produce alguna diferencia, cosa de todos los años, entre la previsión y lo efectivamente ingresado, ésta se corrige en los siguientes ejercicios fiscales.

Pero con la crisis económica global estos pagos se fueron dilatando cada vez más en el tiempo, por lo que Malo de Molina cree que aunque este sistema todavía es “sostenible”, es menester seguir tendiendo a la descentralización de las competencias de cada Autonomía, para que cada una se ocupe de sus cuentas sin recurrir a la administración central sino en lo imprescindible.

La Comisión Europea le pidió al gobierno de España una reducción del gasto que equivalga al 1,75% del PIB español. Y Elena Salgado, la ministra de economía de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que un 1% se obtendría con la reducción del techo de gastos en los presupuestos gubernamentales, mientras que el 0,75% restante debería salir del ahorro de las distintas Comunidades Autónomas.

Es así que el Gobierno anunció hace pocas semanas un total de nueve medidas tendientes a cumplir con lo pedido por las autoridades comunitarias.

Como ya es sabido, estas medidas incluyen reducción de los sueldos de los funcionarios, no actualización de las pensiones, el fin del cheque bebé y recortes en medicamentos, salud pública e inversión pública en general.

Por supuesto que el descontento en todas las regiones del país es general, lo que aumentó la conflictividad social desde el anuncio de estas medidas a mediados de mayo pasado, con lo que la situación de la administración tanto central como de las comunidades autónomas se ha complicado bastante.

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