Para el ministro de Trabajo, el  Estado no debería asumir los costes de las empresas con beneficios

Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo de España, aseguró el lunes que el gobierno está preparando un cambio en la Ley para encarecer las prejubilaciones de forma tal que aquellas grandes empresas con beneficios en sus balances deban asumir los gastos que este proceso implique.

Gómez confirmó en declaraciones periodísticas que la idea gubernamental es que una empresa de “suficiente tamaño” y con un volumen de ganancias “suficientemente amplio” y que lleve adelante expedientes de regulación (EREs) que impliquen consumo de prestaciones por desempleo, contribuya con las arcas públicas haciéndose cargo ella misma de la prestación.

Para Gómez este cambio en la legislación no implica limitar ningún derecho ni del trabajador ni de las empresas, pero lo que se está tratando de lograr es de no “externalizar” esos costes de las empresas. Si el trabajador debe cobrar el subsidio por desempleo porque le corresponde de acuerdo a la Ley, ese gasto debe asumirlo la empresa, en caso de que ésta presente beneficios, y no el Estado español.

Así es que estas empresas deberán “compensar” de alguna forma a la Seguridad Social asumiendo el pago de los dos años previos a la jubilación.

Poniendo como ejemplo el caso de Telefónica, que hace pocos días anunció su intención de reducir su plantilla en España un 20% en el transcurso de los próximos tres años, sí entraría dentro de las condiciones de las empresas que deban hacerse cargo de los gastos originados por esos trabajadores.

De acuerdo a lo que manifestó Gómez, esta enmienda en cuestión podría ser introducida por el gobierno en el proyecto de Ley de reforma de las pensiones que ya se está tramitando en el Congreso por estos días.

De esta manera destacó el ministro que hay instrumentos legales para que el cambio “no tarde demasiado” en entrar en vigencia, de allí que pueda afectar específicamente al caso particular del operador de telefonía español.

Ante la posibilidad cierta de quejas por parte de Telefónica, Gómez aclaró que los cambios en las normas “nada tienen que ver con el anuncio de la empresa ni pretenden responder a su anunciado recorte de plantilla.

Pero de cualquier forma el ministro dijo que el gobierno “no está para nada de acuerdo con la decisión tomada por la compañía”.

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