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Los estudios realizados por la agencia calificadora de riesgos Moody’s cifran en el orden de los 40.000 millones de euros el ajuste que debe realizar España durante el año 2.012 para cumplir con el objetivo de déficit que se estableció oportunamente.
Esta cantidad es casi un 43% superior a la de los ajustes combinados entre 2.010 y 2.011 de acuerdo al informe de la agencia, la que a su vez cree que todavía harán falta “más medidas de austeridad” para retornar a las finanzas públicas españolas a una senda de crecimiento más o menos sostenible.
Después de conocerse la desviación de los objetivos déficit del gobierno español, los analistas de Moody’s aseguraron textualmente que «cumplir con tal ajuste fiscal masivo en un contexto de ralentización del crecimiento económico supone el riesgo de agravar la negativa perspectiva económica». De esta manera ahora prevén una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) español que oscilará entre el 0,5 y el 1% en el año en curso, un guarismo poco alentador si se lo compara con el crecimiento del 0,7% que experimentó la economía en el 2.011 que acaba de terminar.
Si bien Moody’s hace clara referencia a los problemas internos propios de España, no deja de destacar la influencia negativa que en todo este proceso la creciente crisis de deuda de toda la región del euro.
La agencia calificadora de riesgos, una de las tres más importantes del mundo, cree que el anuncio por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de que el déficit definitivo del 2.011 se va a ubicar en torno al 8% del PIB, lo que en números supone una diferencia para peor de alrededor de 22.000 millones de euros frente al 6% previsto originalmente, va a actuar de manera definitivamente negativa para el perfil internacional de crédito de España en los mercados de deuda de todo el mundo.
Si bien los detalles puntuales del desequilibrio fiscal no van a ser dados a conocer sino hasta el mes de marzo, Moody’s asegura que, a nivel regional, fue uno de los mayores frente a los esperados inicialmente y que, quizás en contra de lo previsto, el propio gobierno central español fue incapaz de superar su objetivo de reducción del déficit.
Sin embargo la calificadora de riesgos puntualiza textualmente que «la rapidez de las acciones del Gobierno reflejan su compromiso con la consolidación fiscal, aunque son necesarias más medidas para devolver a una senda sostenible las finanzas públicas españolas».