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La jueza Mari Paz Fernández, quien entiende en la causa correspondiente, dejó sin indemnización ni pensión vitalicia a María Dolores Amorós, la ex directora general de la Caja Mediterráneo (CAM).
De esta manera desestimó la demanda laboral presentada por Amorós después de su despido fulminante de la Caja el mes de septiembre pasado por parte del Banco de España bajo los cargos de falsear los balances de la entidad ya desaparecida.
En la sentencia, que se dio a conocer en las últimas horas, la jueza cree que el despido fue procedente y que ningún derecho fundamental alegado por la demandante fue vulnerado. Se pudo saber que la ex directora general pretendía una indemnización extra de diez millones de euros.
En la sentencia se dan por suficientemente probadas todas las imputaciones hechas por el Banco de España en la carta de despido del 27 de setiembre del año pasado. Estas imputaciones son varias y graves, entre ellas la asignación para la ex directiva de una pensión vitalicia de casi 370.000 euros.
Y en este último hecho es que pone especial énfasis la magistrada, ya que considera que esta pensión vitalicia “no sólo choca frontalmente con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración hasta entonces, si no que supone un enriquecimiento injusto a su favor difícilmente justificable».
Este cálculo erróneo de su pensión vitalicia le hubiera significado a Amorós un beneficio extra de no menos de 1,1 millones de euros. Esta conducta, “por sí sola, es merecedora del máximo reproche y sanción frente a la demandante”, reza la resolución de la magistrada.
El argumento de Amorós acerca de una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Banco de España en la carta de despido fue rotundamente rechazado por Paz Fernández, quien aduce textualmente que «debe concluirse la inexistencia de vulneración del derecho al honor y a la propia imagen de la demandante, pues la empresa se ha limitado a reflejar en la comunicación escrita los incumplimientos contractuales imputados a la misma […] sin ningún tipo de aditamentos o añadidos de carácter injurioso o vejatorio».
Finalmente, y entre los considerandos más importantes de la jueza, ésta considera que María Dolores Amorós fue la máxima responsable del hundimiento de la entidad, puesto que al falsear los balances de os ejercicios mencionados en la causa evitó que la Caja pudiera tomar las medidas oportunas para reducir o eliminar el impacto de las pérdidas.