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Mariano Rajoy, el flamante presidente del Gobierno de España, está decidido a actuar rápidamente en la reestructuración del sector financiero del país. Ya en su discurso de investidura dijo textualmente que «la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero» se debía cerrar «en los seis primeros meses del año».
Con estas medidas pretende regresar a niveles crediticios medianamente aceptables al crear entidades que sean rentables, fiables y solventes. Pero para esta declarada urgencia se presenta un problema que habrá que resolver.
Los gestores de NovaGalicia Banco y CatalunyaCaixa tienen de por sí un año de plazo para buscar inversores, de acuerdo a lo que dice el Real Decreto de Reestructuración. Y esto supone que hasta fines de setiembre del año próximo el Estado no podrá vender la mayoría de las acciones, las que son propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Si alguien quisiera comprar a las entidades gallega o catalana antes de ese plazo, debería contar indefectiblemente con la aprobación de sus actuales gestores, se recuerda en los pasillos de las entidades afectadas.
En el mundillo de los banqueros se pidió al PP que cambie el Real Decreto para terminar con esta condición y permitir que se pueda empezar cuanto antes con la reestructuración, sin trabas en el horizonte. Los banqueros pretenden que se siga el modelo de la CAM con las posteriores adquisiciones, el que fue muy criticado por algunas Cajas por considerarlo “excesivamente generoso”.
Algunas fuentes no oficiales de las dos entidades afectadas admitieron que, de acuerdo a como está el mercado financiero español hoy en día, puede pasar cualquier cosa, aunque lo normal sería que se respetaran los tiempos establecidos.
Ambas Cajas afirman tener bastante avanzada la búsqueda de inversores privados, y si se produjese un brusco cambio en el planteo de la situación por parte de las autoridades esto significaría terminar con estas negociaciones. De cualquier manera, hay muchas dudas de que en sólo un semestre se pueda reordenar el sector, sobre todo porque el nuevo Jefe de Gobierno no ha pronunciado palabra sobre cómo lo hará, ni cuánto va a costar, ni quién lo va a pagar, que es lo más importante para el sector.
Desde el seno de la Comisión Europea se salió al paso del discurso de Rajoy advirtiendo que bajo ningún concepto deberá darse dinero público a entidades que no vayan a ser viables.