No existe ningún documento escrito que lleve membrete oficial, pero el mensaje ya está llegando a los altos mandos de las entidades financieras que preparan los cierres definitivos del ejercicio anterior. Y este mensaje “subliminal” indica que los beneficios del 2.011 tienen que ser necesariamente muy austeros. Lo que se busca es que se aprovechen al máximo los resultados eventualmente positivos del año pasado para subir las provisiones y las promociones en curso, tal como lo anunció el nuevo gobierno del PP.
Ahora bien, esto se contradice con las declaraciones periodísticas del ministro de Economía de España, en las que dijo que los Bancos y Cajas españolas tendrán que llevar adelante provisiones adicionales debido a su exposición al “ladrillo” por un valor de 50.000 millones de euros.
De acuerdo a los dichos de De Guindos, la mayoría de las entidades podrán realizar esas provisiones “per se”, a través de sus propios beneficios, en el curso de varios años. Pero ahora se les pide que reduzcan sus resultados para subir las provisiones, lo cual es un contrasentido.
Esta petición va en línea con las declaraciones de Mariano Rajoy acerca de un plan para el sector que se basará en el saneamiento de los balances.
Los dichos del ministro no cayeron del todo bien en el sector porque se tomaron en cierta forma como una acusación generalizada, sin distinguir entre las distintas realidades de las entidades bancarias y financieras españolas. Lo cierto es que ahora deberá actuarse con rapidez sobre los balances del año que acaba de terminar.
Bajar de forma desmesurada los beneficios afectará a la política de dividendos, un tema muy sensible para los inversores españoles. Pero José Manuel González-Páramo, actual consejero del BCE y candidato a ocupar la gobernación del Banco de España, ya advirtió en el mes de julio pasado que «Los bancos deben dejar de pagar dividendos para capitalizarse; no veo que eso sea algo sacrílego. Sobre todo mientras el mercado no vuelva a abrirse».
Estos beneficios marcan también las retribuciones a los directivos y consejeros de las entidades, lo que en la práctica es un tema todavía más espinoso que los dividendos.
Pero para González Páramo es mucho mejor no pagar los dividendos correspondientes que darle entrada al Estado en el accionariado de la entidad.
Son muchos los factores a ser tenidos en cuenta y habrá que ver finalmente qué decisión se toma en busca del “mal menor”.