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El mes de Mayo terminó, contrariamente a lo que se esperaba, sin que el Gobierno de España, los sindicatos y la patronal pudieran ponerse de acuerdo para fijar la tan esperada reforma laboral.
De cualquier manera, los contactos van a seguir en el curso de los próximos días porque las tres partes involucradas coincidieron en aclarar que “todavía hay margen de maniobras para poder alcanzar un pacto que satisfaga a todos los agentes involucrados en este tan importante tema”.
Esto fue adelantado en un breve comunicado conjunto que se dio a conocer al cabo de las reuniones del último día del mes pasado, es decir hace apenas unas horas.
El Gobierno había adelantado que debía alcanzarse un consenso antes de junio, cosa que evidentemente no ocurrió, pero aún así los contactos van a continuar para intentar evitar que sea la administración de Rodríguez Zapatero quien imponga su propio proyecto.
La vicepresidenta segunda del gobierno Elena Salgado ya adelantó que si no hay reforma tras cuatro meses oficiales y casi dos años extraoficiales de reuniones, será el Ejecutivo por su cuenta quien ponga en marcha los cambios antes de terminar el mes.
El comunicado emitido afirma que se constataron diferencias entre las partes sobre varios puntos de la reforma laboral en tratamiento, pero que todavía hay margen para arribar a un acuerdo.
No se hace referencia a cuándo se reanudarán las conversaciones ni a qué nivel se llevarán a cabo, o si seguirá siendo el ministro de trabajo Celestino Corbacho y los máximos líderes empresariales y sindicales quienes continuarán con las tratativas tal como sucedió en las reuniones de los últimos días de mayo.
Pero sin importar quiénes sigan siendo los interlocutores de los sectores involucrados, Salgado volvió a advertir que si no hay resultados conciliatorios, el gobierno va a poner en marcha la reforma “a muy corto plazo”, tomando las medidas que considere necesarias sin importar “cuán impopulares resulten”.
La principal medida que quiere implementar el gobierno es ampliar a todos los colectivos, los parados y las conversiones de temporales a fijos, el denominado “contrato de fomento de la contratación indefinida” de manera tal que el contrato ordinario de 45 días por año se mantenga sólo para los ya en vigor y para nuevos fichajes.
Pero lo cierto es que esta sola medida es suficiente para que se ponga en práctica la huelga general con la que ya amenazaron UGT y CCOO.