El Gobierno de Mariano Rajoy en conjunto con el Consejo de Ministros ha dispuesto una nueva reforma financiera. Cuando aún no se acallan las voces por la nacionalización de Bankia (en tamaño el cuarto
banco de España) se ha impuesto al conjunto de los bancos destinar otros 30.000 millones adicionales de ‘colchón’ como garantía de los préstamos concedidos al ‘ladrillo’ sano.
Luis Guindos, responsable económico, indicó que «Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector, la recuperación económica será mucho más difícil» justificando de esta forma una «actuación amplia y contundente» que haga posible a los bancos captar financiación más barata y, en consecuencia, que empresas y familias tengan de nuevo acceso al crédito.
En este momento el valor de los activos inmobiliarios sanos asciende a 123.000 millones, frente a 180.000 millones de los problemáticos.
Ahora por cada 100 euros prestados a promotores sobre los que no pesan sospechas, el banco o caja tendrá que apartar 30, con cargo a resultados, en previsión de eventuales impagos. Los bancos tendrán plazo hasta el 11 de junio para presentar los planes de cumplimiento de esta nueva exigencia.
Igualmente se sabe que hay bancos o cajas que no se podrán permitir este esfuerzo. Si no logran reponer su capital mediante recursos captados en el mercado, el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) les prestará el dinero, siempre que le abonen un interés cercano al 10% y presenten un plan adicional de reestructuración. El ministro de Economía estimó que las necesidades de estos
auxilios «estarán muy por debajo de los 15.000 millones de la etapa anterior», cifra que incluye a Bankia, y añadió que el FROB dispone de los fondos necesarios.
El dinero deberá ser reembolsado en cinco años. «No es, por tanto, una ayuda pública a las entidades» concluyó De Guindos.
Las entidades intentaron sin éxito suavizar las nuevas exigencias por lo que ahora tan sólo resta ver como continúa todo esto en los próximos meses.