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El gobierno de España sigue empecinado en lograr cambios de fondo en las leyes laborales.
Ahora está decidido a que se lleven a cabo contratos con 33 días de indemnización por cada año trabajado en vez de la compensación que rige hasta ahora de 45 días.
Para conseguir todas estas innovaciones, puso sobre la mesa de negociaciones una serie de ofrecimientos que al menos por ahora no son demasiado concretos.
Desde que se presentó la primera propuesta para una reforma laboral hasta la presentación de la segunda hace apenas un par de días, pasaron más de dos meses.
Para la primera propuesta fueron necesarias una larga lista de reuniones entre el Ejecutivo, los sindicatos y el empresariado, amén de varias reuniones entre sólo dos de las partes.
A su turno todos acudieron a la cita: los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, los representantes de la patronal CEOE y por parte del Gobierno el encargado del Diálogo Social Alfonso Morón.
Ahora la nueva propuesta se fortalece en los puntos en los que no hubo disidencias y sigue siendo muy vaga allí donde es evidente que el desacuerdo es más que probable.
Según Morón el nuevo texto no es un borrador de acuerdo sino directamente una “base de acuerdo”.
En él se plantea la situación desde cinco puntos de vista que a juicio de todos son fundamentales.
El primero es el tema de los contratos temporales, con la figura de contratación indefinida incluida.
Aquí se plantean medidas de carácter temporal que podrían incluir la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos sin afectar los derechos de los trabajadores, o lo que es lo mismo decir que el gobierno se haría cargo de parte del coste bajándoselos a las Empresas.
Los otros cuatro puntos sobre los que versa el documento son la intermediación de las agencias privadas de colocación en el mercado laboral, la revisión de las subvenciones a la contratación, el fomento de la reducción de la jornada laboral y un plan vigoroso para luchar contra el altísimo paro juvenil, que ronda el 40%.
En los tres últimos puntos parece haber consenso, pero las autoridades gubernamentales ya adelantaron que no conciben un acuerdo si todos los puntos que se discuten no son finalmente solucionados y se llega así a una reforma definitiva y duradera.